Inmigración

Abrumados, varios jueces de Inmigración ahora tienen que lidiar con sus procesamientos.

El litigio se basa en los extremos retrasos del procesamiento de las solicitudes de documentos de autorización de trabajo.

Se trata de las visas H-2A y H-2B y la lista incluye ciudadanos de varios países de América Latina, como México, Colombia y El Salvador.

Las visas se entregaron en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Guerrero, agregó el INM.

Esas personas no fueron procesadas en el momento de su ingreso porque las autoridades estaban abrumadas con el gran número de migrantes.

El gobierno consideraba pagos de alrededor de $450,000 a cada persona afectada, pero desde entonces ha cambiado la cifra, aunque no drásticamente.

La iniciativa, incluida en el proyecto de gastos del presidente Biden, protegería de la deportación a unos siete millones de inmigrantes sin papeles.

Según un memorando de Aduanas y Protección Fronteriza, los migrantes que buscan asilo pueden presentarse en los puertos de entrada para hacer su solicitud.

“Este es un triunfo histórico para los derechos de los trabajadores y la dignidad humana básica”, manifestó el secretario de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado por escrito.

Se estaría deportando hasta 20 personas por no presentarse en sus audiencias con un juez.

La Guardia Nacional emitió un comunicado en el que admitió que agentes de la institución dispararon contra un vehículo con migrantes a bordo.

La política permitía negar la residencia permanente a los inmigrantes que se consideraba probable que se volvieran demasiado dependientes de los beneficios del gobierno.

Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019.