Los votantes de California decidirán el 5 de marzo sobre una medida electoral a nivel estatal que, según el gobernador demócrata Gavin Newsom, transformaría el obsoleto sistema de salud mental y abordaría la actual crisis de personas sin hogar.
La Propuesta 1, la única iniciativa estatal en la boleta electoral del 5 de marzo, es también una de las medidas más complicadas y prolongadas de los últimos años. Ocupa 68 páginas de la guía de información para votantes de 112 páginas.
En el centro de la propuesta está la cuestión de cómo los condados podrían utilizar los fondos provenientes de un impuesto a los millonarios aprobado por los votantes en 2004. Los ingresos del impuesto, ahora entre $2 mil millones y $3 mil millones al año, se han destinado principalmente a los condados para financiar servicios de salud mental como mejor les parezca según directrices generales.
Proporciona aproximadamente un tercio del presupuesto total de salud mental del estado.
La medida electoral le daría al estado más poder sobre cómo se gasta. También permitiría al estado pedir prestado $6,380 millones para construir 4,350 unidades de vivienda, la mitad de las cuales estaría reservada para veteranos, y agregar 6,800 camas para tratamiento de adicciones y salud mental.
He aquí un vistazo más de cerca a los detalles:
¿Cómo se usa el dinero ahora?
Según el modelo actual, del dinero que va directamente a los condados, el 76% financia tratamientos de salud mental, vivienda, programas de extensión y crisis para personas con problemas de salud mental; el 19% va a programas de prevención e intervención, como centros culturales y asesoramiento sobre salud mental en las escuelas; y el 5% se destina a proyectos innovadores para aumentar el acceso al tratamiento.
El Estado se queda con el 5% de los ingresos fiscales para gastos administrativos.
¿Cómo cambiaría bajo la Propuesta 1?
El estado especificaría más claramente cómo se gastaría el dinero, con un mayor enfoque en personas con trastornos de salud mental graves como esquizofrenia y depresión mayor o problemas de uso de sustancias como el consumo excesivo de drogas o alcohol.
Aproximadamente un tercio se destinaría a asistencia de vivienda y alquiler para personas sin hogar con problemas graves de salud mental o de adicción y el 35% se destinaría a tratamientos de salud mental y apoyo para esa población. Del aproximadamente 35% restante, al menos la mitad se destinaría a servicios de prevención para jóvenes y el resto financiaría todos los demás programas, incluida la capacitación de la fuerza laboral, proyectos de innovación y servicios de prevención para adultos.
Los condados podrían transferir hasta el 14% de la financiación entre las categorías, pendiente de la aprobación del estado. El Estado se quedaría con el 10% para la administración y otras iniciativas.
¿Qué programas se impulsarían?
Las viviendas de transición y permanentes para personas crónicamente sin hogar con problemas graves de salud mental o adicciones recibirían más dinero. Los programas de tratamiento de salud mental y los servicios de apoyo, como asistencia de alquiler y programas vocacionales para esta población, también verían un impulso.
¿Qué programas están en riesgo?
Los funcionarios del condado no pueden decir qué programas enfrentarían el mayor impacto presupuestario, pero anticipan que algunos servicios de extensión, centros de acogida para personas sin hogar y programas de bienestar administrados por grupos de apoyo entre pares se verían afectados.
En el condado de Butte, donde los funcionarios tendrían que destinar al menos el 28% de los fondos de los programas existentes a vivienda, incluso el equipo de extensión para personas sin hogar que va a los campamentos para lograr que las personas se registren para recibir vivienda y tratamiento corre el riesgo de sufrir recortes presupuestarios. El programa comenzó hace más de un año y está financiado con dinero para innovación en salud mental.
Desviar fondos de servicios a vivienda también significaría menos dinero federal de contrapartida, dijo el director de salud conductual del condado de Butte, Scott Kennelly.
¿Quién apoya la propuesta?
Newsom ha tomado la iniciativa de impulsar la propuesta, recaudando fondos más de 10 millones de dólares y apareciendo en anuncios de televisión para promover el plan.
También cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden, los bomberos, la asociación de hospitales del estado, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de California y una gran cantidad de alcaldes de grandes ciudades.
¿Quién se opone?
Entre los opositores a la propuesta se encuentran grupos de salud mental y derechos de las personas con discapacidad, la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Liga de Mujeres Votantes de California.
Varios funcionarios del condado también han expresado su preocupación por la medida. Les preocupa que el cambio amenace los programas que, en primer lugar, evitan que las personas se queden sin hogar.
