SACRAMENTO, California - Un fiscal de Sacramento presentó una demanda civil contra la capital de California por no eliminar los campamentos de indigentes e infringir el Código Civil de California, sección 3480.
El fiscal Thien Ho dijo que su oficina pidió a la municipalidad que aplique las leyes relacionadas con la obstrucción de las aceras e instale nuevos campamentos que sean operados de manera profesional.
Durante una conferencia de prensa realizada el martes anunció la acción legal y afirmó que la ciudad está sufriendo una “caída en el caos” y una “erosión de la vida cotidiana”.
Ho añadió que la población sin hogar de Sacramento se ha incrementado en un 250% en los últimos 7 años, e incluso actualmente el número de personas sin techo es superior al de San Francisco.
Según un recuento anual, el condado de Sacramento tenía casi 9,300 personas sin techo en 2022, un 67% más que en 2019. Y tres de cada cuatro indigentes en la ciudad carecen de refugio.
Los campamentos de carpas han aumentado visiblemente en ciudades de todo Estados Unidos, pero sobre todo en California, donde vive casi un tercio de la población indigente del país.
El fiscal Ho había advertido en agosto pasado que iniciaría una demanda contra las autoridades municipales si no aplicaban medidas en 30 días.
Controversia por personas sin hogar
En ese momento, el alcalde Darrell Steinberg respondió a Thien Ho que politizaba el asunto en lugar de colaborar con la ciudad.
Steinberg no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
Ho, quien fue elegido en 2022 con la promesa de campaña de remediar la crisis de indigencia, señaló que ha pedido a la ciudad que le dé información actualizada sobre las camas disponibles en refugios habilitados en departamentos de policía.
“Esta es una oportunidad inusual —una oportunidad inusual— para aplicar medidas eficaces con el fin de sacar de las calles a los indigentes crónicos”, puntualizó Ho.
Además el fiscal del distrito del condado Sacramento subrayó que apoya una variedad de soluciones, como la aplicación de las leyes vigentes y la creación de programas para dar servicios a personas con problemas de adicción o trastornos mentales. Dijo que apoya la emisión de un bono estatal para la construcción de nuevas instalaciones para el tratamiento de estas personas, medida que irá a votación el año próximo.
