Demandan por cambios a reglas de carga pública

Sin desafíos legales, las nuevas reglas de inmigración entrarían en vigencia a mediados de octubre.

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    Presentan demanda contra la administración Trump

    A poco más de 24 horas de que la administración Trump anunció su interés en poner restricciones a la inmigración legal con la llamada "carga pública", ya 2 condados de la Bahía interpusieron una demanda.

    (Publicado martes 13 de agosto de 2019)

    CALIFORNIA – Los condados de San Francisco y Santa Clara presentaron una demanda este martes desafiando las nuevas reglas de "carga pública" de la administración Trump que restringen la inmigración legal, como la residencia permanente y la extensión de visa.

    La demanda es la primera registrada después del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional el lunes de que negaría las “green cards” a inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, cupones de vivienda u otras formas de asistencia pública.

    EEUU endurece el proceso para obtener la “green card”

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    La regla amplía los factores por los cuales la solicitud para la residencia podría ser denegada.

    (Publicado lunes 12 de agosto de 2019)

    En una presentación el martes, los condados de Santa Clara y San Francisco argumentaron que las reglas empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y dañarán financieramente a los condados.

    Las reglas, argumentaron los condados, darían como resultado un "efecto escalofriante" en el que los migrantes renuncian o se dan de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de denegación de la “green card”. Esto significaría que el costo de los servicios pasaría de los gobiernos federales a los estatales.

    ¿A quiénes afectaría la regla de carga pública?

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    En concreto, la regla final del USCIS, de 837 páginas, modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

    (Publicado martes 13 de agosto de 2019)

    Los condados también argumentaron que la regla socava el sistema más amplio de leyes de inmigración del Congreso que prioriza la unificación familiar y que el gobierno federal no ofreció fundamentos suficientes para explicar los supuestos beneficios de las reglas o justificar sus costos.

    Esta regla "hace que sea más fácil atacar injustamente a inmigrantes legales y trabajadores, al tiempo que siembra miedo y confusión en nuestras comunidades", dijo el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, en un comunicado. "Esta regla obliga a las personas a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor para su familia. Todos asumiremos el costo de esta política equivocada".

    La ley federal actualmente exige que aquellos que buscan convertirse en residentes permanentes u obtener un estatus legal demuestren que no serán una carga financiera para EEUU, una llamada "carga pública", en palabras del gobierno, pero las nuevas reglas detallan una gama más amplia de programas que podrían descalificarlos.

    Bajo las nuevas reglas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido una carga pública como alguien que es "más probable que no" para recibir beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU ahora evaluarán si los solicitantes han recibido asistencia pública junto con otros factores como la educación, los ingresos y la salud para determinar si se debe otorgar el estatus legal.

    Se esperaban múltiples demandas tras el anuncio por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Horas después de que se publicara la regla el lunes, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, con sede en Los Ángeles, prometió demandar por lo que llamó un intento de redefinir el sistema legal de inmigración para "privar a las comunidades de color y favorecer a los ricos". Los fiscales generales en California y Nueva York dijeron que también estaban preparados para emprender acciones legales.

    Sin desafíos legales, las reglas entrarían en vigencia a mediados de octubre.