LOS ÁNGELES.— California pagará un acuerdo de derechos civiles de $24 millones a la familia de un hombre que murió bajo custodia policial después de gritar “No puedo respirar” mientras varios oficiales lo sujetaban cuando intentaba tomar una muestra de sangre, dijeron los abogados el martes.
Siete oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y una enfermera fueron acusados de homicidio involuntario a principios de este año en relación con la muerte en 2020 de Edward Bronstein, de 38 años.
Annee Della Donna y Eric Dubin, abogados de los niños pequeños de Bronstein, dijeron que es el acuerdo de derechos civiles más grande de su tipo en el estado de California y el segundo más grande a nivel nacional desde que la ciudad de Minneapolis pagó $27 millones en el caso de George Floyd. Los abogados programaron una conferencia de prensa en Los Ángeles para el miércoles para brindar detalles.
El acuerdo se produce en medio de un nuevo escrutinio de las restricciones potencialmente fatales luego de la muerte la semana pasada de un pasajero del metro de la ciudad de Nueva York, Jordan Neely, quien fue asfixiado por un veterano de la Marina de los Estados Unidos,
La muerte de Bronstein también se hace eco de la de Eric Garner, un neoyorquino al que la policía asfixió en 2014 y cuyas últimas palabras “No puedo respirar” se convirtieron en un cántico en las protestas contra la injusticia racial. Tanto Garner como Neely eran negros.
El forense del condado de Los Ángeles dijo que la muerte de Bronstein fue causada por una “intoxicación aguda por metanfetamina durante la restricción por parte de la policía”. El informe enumera la raza de Bronstein como blanca.
California
Bronstein fue detenido luego de una parada de tráfico bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol el 31 de marzo de 2020.
Murió en una estación del CHP en Altadena, al norte del centro de Los Ángeles, menos de dos meses antes de que Floyd fuera asesinado por la policía en Minnesota. Como él, también les dijo repetidamente a los oficiales: “No puedo respirar”.
Al anunciar los cargos penales en marzo, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, dijo que los agentes de la patrulla de carreteras le fallaron a Bronstein, “y su falla fue criminalmente negligente, causando su muerte”.
Un video de casi 18 minutos que muestra el trato de los oficiales a Bronstein fue publicado el año pasado luego de la orden de un juez en la demanda federal de la familia que alega fuerza excesiva y una violación de los derechos civiles.
Los miembros de la familia han dicho que Bronstein tenía miedo a las agujas y creen que es por eso que se mostró reacio a cumplir con el CHP inicialmente cuando intentaron tomar una muestra de sangre.
El video, filmado por el sargento, muestra a varios oficiales obligando a un Bronstein esposado a una colchoneta en el suelo mientras grita: “¡Lo haré de buena gana! ¡Lo haré de buena gana, lo prometo!”
Continúa gritando mientras seis oficiales lo sostienen boca abajo (la demanda alega que le pusieron las rodillas en la espalda) y pide ayuda.
“Es demasiado tarde”, responde un oficial. "¡Deja de gritar!", se escucha a otro agente gritar.
"¡No puedo respirar!" y “¡No puedo!” Bronstein llora y un oficial responde: “¡Solo relájate y deja de resistirte!”.
Pero la voz de Bronstein se vuelve más suave y luego se queda en silencio. Si bien no responde, la enfermera continúa extrayendo sangre y los oficiales continúan inmovilizándolo.
Después de que se dan cuenta de que es posible que no tenga pulso y no parece estar respirando, lo abofetean y dicen: "Edward, despierta". Más de 11 minutos después de sus últimos gritos, comienzan RCP.
Bronstein nunca recuperó el conocimiento y luego fue declarado muerto.
En un comunicado, el comisionado de CHP, Sean Duryee, expresó sus condolencias a la familia y dijo que respetaría el proceso judicial. Su oficina no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios sobre el acuerdo.
Los oficiales, que fueron puestos en licencia administrativa en marzo, enfrentan un cargo de homicidio involuntario y un cargo de delito grave de asalto bajo el color de la autoridad. Si son declarados culpables, podrían recibir hasta cuatro años de prisión. La enfermera registrada también fue acusada de homicidio involuntario.
La muerte de Bronstein llevó al CHP a cambiar sus políticas para evitar que los oficiales “usen técnicas o métodos de transporte que impliquen un riesgo sustancial de asfixia posicional”, dijo la agencia. También se ordenó capacitación adicional para los oficiales uniformados.
En septiembre de 2021, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que prohibía a la policía usar ciertos agarres boca abajo que han provocado múltiples muertes no intencionales. El proyecto de ley tenía como objetivo ampliar la prohibición estatal de estrangulamientos a raíz del asesinato de Floyd.
