El Fiscal General de California lanzó nuevos equipos contra la trata de personas para detener a los perpetradores y apoyar a los sobrevivientes el viernes en medio de un aumento alarmante de la explotación laboral y sexual en todo el estado durante la pandemia.
El bloqueo del estado exacerbó los problemas con la trata de personas, dijeron las autoridades el viernes, y dificultó mucho más a las víctimas escapar y encontrar vivienda y otros servicios.
Kay Buck, directora ejecutiva de Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, lo calificó como "el año más inolvidable y desgarrador", ya que los defensores vieron una gran demanda de servicios combinada con una escasez de recursos.
Solo en Los Ángeles, la organización sin fines de lucro experimentó un aumento del 185% en los casos urgentes de trata de personas durante la pandemia, dijo Buck. Los defensores del condado Los Ángeles ven víctimas, muchas de las cuales provienen de México y Filipinas, que fueron engañadas haciéndoles creer que tendrían un trabajo en los Estados Unidos, pero que en cambio son vendidas como "esclavas modernas".
Los dos nuevos equipos de lucha contra la trata del fiscal general Rob Bonta estarán compuestos por 13 agentes especiales y dos analistas de delitos.
Según el FBI, tres de las principales regiones de prostitución infantil a nivel nacional se encuentran en las áreas metropolitanas de Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Bonta también instó al gobernador Gavin Newsom a incluir en el presupuesto estatal final otros $ 30 millones en nuevas subvenciones durante los próximos tres años para los esfuerzos para combatir la trata de personas. Los fondos se sumarían a los $ 30 millones en subvenciones que ya están en el presupuesto distribuidos en tres años.
California
Newsom y los líderes legislativos están negociando en privado en este momento sobre cómo será el presupuesto final. Debe aprobarse antes del 1 de julio.
Los actores y activistas Mira Sorvino y Alyssa Milano, así como el asambleísta estatal Miguel Santiago y Angela Guanzón, quienes escaparon de su traficante y ayudaron a la policía en su enjuiciamiento, se unieron a Bonta el viernes para implorar a Newsom y a los legisladores que aprueben los fondos adicionales.
