CALIFORNIA- Los legisladores de California avanzaron el jueves lo que llamaron una legislación de sentido común que requiere que dos agencias estatales compartan información destinada a ayudar a detener miles de millones de dólares en el fraude de desempleo relacionado con la pandemia.
La medida que aprobó su primer comité requeriría que el atribulado Departamento de Desarrollo del Empleo verifique las solicitudes de desempleo con los registros de los presos para identificar reclamos fraudulentos.
Los funcionarios estatales aprobaron al menos $810 millones a nombre de aproximadamente 45,000 reclusos, algunos de ellos en el corredor de la muerte, según una auditoría estatal en enero que situó la cifra en más del doble de la cantidad previamente informada por el estado. Los investigadores dicen que las pérdidas totales por fraude superarán al menos $11,000 millones.
“La idea de que este tipo de fraude ocurrió simplemente porque dos agencias no se comunican entre sí durante una pandemia global mientras tratamos de averiguar cómo podemos ayudar a la gente es en realidad algo alucinante”, dijo la asambleísta demócrata Wendy Carrillo, una de las seis miembros del comité que avanzaron el proyecto de ley sin oposición.
Al menos otros 35 estados tenían reclamos de desempleo contra prisioneros estatales a partir de 2016, y 28 estados estaban verificando reclamos contra presos de la cárcel del condado, señaló la auditoría.
La ley de California restringe la información de los reclusos que se puede compartir con otras agencias estatales, pero los funcionarios dijeron que la agencia de desempleo ahora tiene un acuerdo con el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California que permite a las dos entidades compartir información de manera más amplia.
Pero eso llegó demasiado tarde, dijo la asambleísta demócrata Cottie Petrie-Norris, quien propuso la legislación.
Ella es una crítica abierta del departamento, que también ha luchado con los retrasos continuos para llevar dinero a las personas que perdieron sus trabajos durante la pandemia. El problema ha acosado a su compañero demócrata, el gobernador Gavin Newsom, quien probablemente enfrentará una elección revocatoria este año.
"Este es un paso simple y de sentido común" para abordar "uno de los ejemplos más atroces de las fallas del departamento", dijo Petrie-Norris.
Su propuesta inicialmente también habría requerido que los condados proporcionaran al departamento los nombres de los presos y los números de seguro social, una disposición respaldada por los alguaciles del condado.
Pero los analistas legislativos dijeron que eso podría crear problemas para los reclusos que cumplen sentencias de cárcel breves que luego podrían verse privados de los beneficios legítimos de desempleo a menos que se notifique al departamento de inmediato cuando sean liberados. Esa disposición en particular fue rechazada por las organizaciones de derechos de los reclusos y del bienestar y ella la eliminó de la legislación el jueves.
Una medida de la senadora republicana Shannon Grove, sin el componente de la cárcel del condado, aprobó su primer comité el mes pasado. Ella dijo que el departamento ignoró las advertencias de los fiscales del condado hace cinco años sobre el potencial de fraude por parte de los reclusos. Un tercer proyecto de ley del asambleísta republicano Phillip Chen que incluye prisiones y cárceles está esperando su primera audiencia.
Se encuentran entre los numerosos esfuerzos realizados este año por los legisladores de ambos partidos políticos para abordar los problemas en el departamento.
Las propuestas incluyen la creación de una junta asesora de supervisión, la creación de un defensor de reclamantes dentro del departamento, la imposición de una fecha límite para procesar nuevas reclamaciones, la eliminación de los números de Seguro Social de los documentos enviados por correo y la autorización de depósitos directos del seguro de desempleo en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Los legisladores también podrían requerir que el departamento adopte los hallazgos en dos auditorías estatales críticas recientes.